EL FRAUDE FISCAL TAMBIÉN ES DELITO
Desde el punto de vista estrictamente contable, la elevación de los ingresos produce el mismo efecto sobre el saldo que la reducción de las partidas de gastos. Serían equivalentes. En la práctica, sin embargo, cuando se trata de cuadrar el déficit público tal equivalencia se rompe, al menos desde la óptica de lo políticamente correcto. El incremento de la presión fiscal casi nunca se considera, como no sea mediante el latiguillo de la lucha contra el fraude, que de antemano se sabe que no se van a conseguir resultados significativos, pero sirve a menudo para cuadrar las cuentas sobre el papel, aunque después aparezcan las desviaciones. La subida de impuestos es tabú y censurada fuertemente desde todas las tribunas de opinión.
Los halcones de Bruselas y de Frankfurt no dejan de requerir a España para que reconduzca sus cuentas públicas a efectos de cumplir con los objetivos de déficit e insisten una y otra vez en que el nuevo Gobierno tendrá que realizar duros ajustes en el presupuesto. Es este continuo ultimátum el que deja sin razones a los que dentro de España se lamentan de que al tener que prorrogarse los presupuestos de este año no se van a poder acometer determinadas actuaciones o inversiones públicas. Porque lo que puede ocurrir, por desgracia, es que las nuevas partidas de gasto de los próximos presupuestos sean incluso más reducidas que las actuales, si se tienen que seguir las indicaciones de Bruselas y si no se está dispuesto a incrementar los impuestos.
Unidos Podemos ha sido el único partido que al menos ha tenido la franqueza de confesar que subiría la carga fiscal. El resto de las fuerzas políticas ha hablado de mantenerla, o incluso de reducirla, con lo que es de suponer que deberían acometer recortes en el gasto público. No obstante, en sus respectivos programas no solo no lo plantean sino que proponen todo lo contrario. En algunos casos, con barbaridades tales como la del complemento salarial, que serviría tan solo para trasladar costes laborales de los empresarios al Estado.
La falta de simetría entre las partidas del debe (gastos) y las del haber (ingresos) se produce también cuando el neoliberalismo económico y quienes lo profesan se refieren a los efectos económicos de las variaciones en ambos. Con frecuencia consideran que la bajada de impuestos tendrá un resultado positivo sobre la actividad económica, el empleo y, por lo tanto, a medio plazo la recaudación apenas se resentirá, e incluso puede que llegue a incrementarse. Para eso se inventó la curva de Laffer. Sin embargo, nada parecido se predica de los aumentos en el gasto público.
No obstante, hay motivos para pensar que lo que ocurre en realidad es la situación inversa, al menos cuando se trata de impuestos directos y progresivos. Su reducción beneficiará más a las rentas altas, cuya propensión al ahorro es mayor. Por el contrario, el incremento de la casi totalidad de los gastos se orienta en mayor proporción a personas con rentas bajas y medias cuya propensión al consumo es más elevada. En crisis como la actual, claramente de demanda, lo que hay que estimular es el consumo y no el ahorro, ya que este no se traducirá en nuevos proyectos de inversión mientras no exista demanda.
La equivalencia tampoco se produce, parece ser, en el Código Penal. Mientras se castiga con dureza la más pequeña falta en el cohecho y en la malversación de fondos públicos, se exonera de cárcel a los defraudadores fiscales por altas que sean las cantidades ocultadas, como si en el fondo no estuviésemos hablando también de recursos públicos. El pasado 21 de julio escribía en estas mismas páginas un artículo titulado «Vivan los chorizos si son culés», en el que me refería al caso Messi y a la no aplicación del delito fiscal en España.
Afirmaba que el punto 6 del artículo 305 de la Ley General Tributaria que dispone que se rebajará la pena en uno o dos grados si el defraudador, en el plazo de dos meses desde su citación por el juez como imputado, reconoce judicialmente los hechos y paga la deuda tributaria, unido a los acuerdos frecuentemente firmados entre el fiscal y el acusado, convierten en letra muerta el delito contra la Hacienda Pública. Siempre se evita la prisión a base de dinero, dinero que la mayoría de las veces ni siquiera compensa la cantidad evadida. Es un juego en el que el defraudador lleva siempre las de ganar.
Últimamente, un nuevo escándalo de mayor envergadura ha saltado a la actualidad, el de los dueños de la cervecera Damm. Si a Messi se le acusaba de defraudar 4,1 millones de euros, el fiscal calculaba la cantidad defraudada por los Carceller, padre e hijo, en más de cien millones de euros, pidiendo para el primero 48 años de prisión y 14 para el segundo. Pues bien, todo ha quedado en agua de borrajas o, mejor dicho, en el pago de 92,37 millones de euros, cantidad sin duda respetable, pero a la que podrán hacer frente sin demasiados problemas los acusados y que ni siquiera alcanza la cantidad defraudada. Una vez más, a los grandes contribuyentes les resulta rentable la ocultación fiscal. Y así continuará siendo mientras el delito contra la Hacienda Pública no tenga la consideración de cualquier otro delito.
No deja de ser paradójico el trato tan diferente concedido tanto en la opinión pública como en la publicada a lo que se ha dado en llamar el caso Soria y a la previsible sentencia que evitará que los Carceller ingresen en prisión. Parece que la corrupción es exclusiva de los políticos y que no puede darse en el sector privado y, de darse es más disculpable. Tal vez como consecuencia de los muchos casos conocidos, se ha creado un ambiente de auténtico linchamiento ante el menor indicio (solo indicio) de corrupción política; sin embargo, a pesar de que también son muchos los casos de delito fiscal, no ya con indicios, sino con sentencias firmes y probadas, no se produce el menor ápice de reproche social.
No diré yo que el nombramiento de Soria no haya sido una equivocación, sobre todo siendo relativamente reciente su dimisión del gobierno, aunque pienso que en este caso más que una cacicada política, lo que se ha dado es un chanchullo corporativo por parte de los técnicos comerciales del Estado, que pretenden apropiarse en exclusiva de puestos que jurídicamente nadie les ha asignado. De todos modos, el caso Soria no es un caso tan grave como para monopolizar la actualidad nacional y para que todos los partidos (incluido el de Magdalena Álvarez, de Bibiana Aído y de Leire Pajín) se hayan rasgado las vestiduras, lo que desde luego no han hecho por una sentencia que deja en libertad a aquellos que han robado a todos los españoles más de 100 millones de euros.
Republica.com 16-09-2016
