ESPAÑA NOS ROBA
Hace algunos días, el Ministerio de Hacienda ha publicado los resultados para 2012 de lo que ha denominado sistema de las cuentas públicas territorializadas. En realidad, otro intento más de los muchos que ha habido de presentar las llamadas balanzas fiscales. En esta ocasión siguiendo una metodología ajena al propio Ministerio de Hacienda, elaborada por varios profesores de las Universidades de Valencia y Zaragoza y financiada por la fundación SEPI. Es una estadística de la que carece la mayoría de los países, y solo ha tenido aceptación en aquellos en los que se dan fuerzas secesionistas, normalmente pertenecientes a regiones prósperas, que las han popularizado para quejarse de su elevada contribución al resto de los territorios. En España ha sido el nacionalismo catalán el que principalmente las ha utilizado como instrumento para justificar su victimismo y esa proclama de “España nos roba”.
El concepto de balanza fiscal se refiere al resultado, positivo o negativo, entre lo que cada Comunidad contribuye al erario público, principalmente mediante los impuestos, y lo que obtiene del Estado mediante las infraestructuras, las prestaciones y los servicios públicos. Entendido de tal manera, el concepto tiene un vicio de partida: no son los ciudadanos los que aparecen como contribuyentes y receptores, sino las Comunidades Autónomas. Ahora bien, la equidad no puede medirse en clave territorial, sino personal. La cuestión no es tanto si una Comunidad recibe o paga más o menos, cuanto si dos ciudadanos, residan en el territorio que residan y siempre que se encuentren en idénticas circunstancias, son gravados en una cuantía similar y reciben los mismos servicios y prestaciones. Igualdad que ha comenzado a cuartearse en España debido precisamente a la transferencia a las Autonomías de facultades normativas sobre los impuestos.
Las múltiples versiones que se han venido haciendo de las balanzas fiscales indican bien a las claras la dificultad en su elaboración y el margen de relatividad que todas ellas tienen. En una economía interrelacionada y con una hacienda pública en gran parte centralizada, no resulta fácil regionalizar los ingresos y los gastos. La Comunidad en la que se ingresan los impuestos no tiene por qué ser, y la mayoría de las veces no lo es, la Comunidad cuyos residentes han soportado el gravamen.
En cuanto a los gastos, sí es fácil y casi inmediata la atribución de los acometidos por la propia Comunidad, pero resulta mucho más complejo repartir aquellos que realiza la Administración central. Surgen muchas dudas cuando se intenta saber qué es lo que hay que imputar y a quién. Las obras del AVE o una autopista que atraviesa varias Comunidades Autónomas, ¿en qué proporción deben ser atribuidas a ellas o a los puntos de origen y destino? ¿Cómo se reparten los gastos de defensa, de orden público o diplomáticos entre las distintas Autonomías? ¿Las pensiones de los jubilados que se trasladan a ciertas zonas costeras deberían imputarse a estas? Los gastos de mantenimiento de aquellos organismos e instituciones cuyo servicio se destina a toda España ¿deben aplicarse a la Autonomía en la que están situados o repartirse entre todas ellas? ¿Cómo se distribuyen las contribuciones que España paga a la Unión Europea o los intereses de la deuda pública?
El número posible de ejemplos sería casi infinito, lo que dota a los resultados de un carácter al menos relativo, dependiendo de los supuestos e hipótesis adoptados, pero ello no impide que en casi todas las versiones, excepto las elaboradas por la Generalitat con una metodología claramente subjetiva y sectaria, se produzca una cierta similitud en los hechos relevantes que las balanzas arrojan. Las que el Ministerio de Hacienda ha presentado la semana pasada coinciden en sus conclusiones esenciales con las elaboradas por el propio Ministerio en tiempos de Solbes con una metodología diferente, o las realizadas en varias ocasiones por la fundación BBVA.
En líneas generales y salvo algunas excepciones, existe una correlación entre el saldo de las balanzas fiscales y la renta per cápita, según sea esta inferior o superior a la media nacional. El mal llamado déficit o superávit fiscal de una Comunidad es simplemente el resultado que se deduce de manera automática de la agregación de los saldos de sus residentes. La política redistributiva del Estado tiene que conducir, lógicamente, por regla general, a que las Autonomías con una renta per cápita inferior a la media nacional presenten superávit en su balanza fiscal. Por el contrario, parece natural que aquellas que disfrutan de una renta per cápita superior a la media arrojen déficit; este no tiene otra significación más que indicar que nos encontramos ante una Comunidad rica y más próspera que el resto.
Se produce una grave y enorme excepción con el País Vasco y Navarra que, a pesar de tener una renta per cápita muy superior a la media (segunda y tercera en el ranking), presentan saldo negativo, es decir, son receptoras de recursos del resto de la Autonomías. La razón hay que buscarla sin lugar a dudas en el especial régimen fiscal que se les otorgó en la Constitución y que es propio de la Edad Media, pero difícilmente tiene encaje en un Estado moderno, entre cuyas principales funciones está la redistributiva.
Se manifiesta también la inconsistencia del victimismo catalán, pues si, como es lógico, tienen lo que denominan un déficit fiscal, este no es mayor sino quizá menor del que lógicamente les correspondería. De hecho, Cataluña, con una renta per cápita mayor que la de Baleares, presenta en términos relativos (con respecto al PIB) un déficit fiscal menor (3,75 frente a 5,08); y si la renta per cápita de Madrid es superior a la de Cataluña no hay una diferencia tan grande como para justificar un desfase tan amplio como el que se produce en los datos del déficit fiscal (9,57% del PIB en Madrid frente a 3,75% en Cataluña).
El nacionalismo catalán ha basado su victimismo, entre otras falsedades, en la elaboración de unas balanzas fiscales sui generis con un criterio inasumible como es el del flujo monetario, esto es, atribuir el gasto o el ingreso a la Comunidad en la que se produce el pago o se realiza el cobro, lo que conduce a situaciones tan absurdas como que los gastos que ocasiona la permanencia de la Legión en Canarias se imputen a dicha Comunidad o que se considere a la Autonomía de Madrid como la única beneficiaria de la mayoría de los gastos de funcionamiento de la Administración central. Más bien al contrario, el criterio que debe adoptarse es el de la carga-beneficio, que atribuye cada partida a la Comunidad cuyos residentes soportan la carga fiscal o se benefician de los servicios correspondientes.
Por último, hay que resaltar que, gracias al papel redistributivo efectuado por la Hacienda Pública estatal, las transferencias anuales que algunas Comunidades reciben del resto de los territorios se elevan a cantidades bastante elevadas. Prescindiendo de Ceuta y Melilla por sus especiales características, citemos a Extremadura que es la Autonomía con menor renta per cápita: recibe el 15,60 % de su PIB, Asturias el 8,40%, Canarias el 8,58, Galicia el 7.21, Andalucía el 6,02%, y así sucesivamente. El principal factor que influye en estos flujos es el sistema fiscal que, aun cuando pensemos que no es suficientemente progresivo, sí tiene virtualidad para corregir, al menos en parte, la desigual distribución territorial que realiza el mercado. ¿Podemos imaginar qué sería de la situación económica y social de Extremadura, Andalucía, Asturias, Galicia, etc., sin este flujo anual de recursos?
En realidad, todo esto tiene poco de sorprendente y se produce, en mayor o menor medida pero de forma generalizada, entre los territorios de un mismo Estado. Donde está ausente, sin embargo es en la Unión Europea en la que se han integrado los mercados de productos y servicios y los financieros y en la que se ha gestado la Unión Monetaria con ausencia de una hacienda pública central que pueda asumir dicha función redistributiva. Esta carencia es la que hace imposible la moneda única, porque no resulta creíble que Alemania, Holanda, Austria, etc. estén en algún momento dispuestos a transferir anualmente el 9% de su PIB a los países del Sur, tal como hace Madrid dentro de España.
