LA NO SANCIÓN A ESPAÑA
En pocas materias como en economía los profesionales se mueven con tanto desparpajo. Con todo el descaro, son capaces de hacer previsiones para el futuro sobre el impacto de los acontecimientos más imprecisos. Así, los economistas del FMI –con la mayor solemnidad– han estimado cuál va a ser el impacto del Brexit sobre el crecimiento de las economías británica, europea y mundial, y ello cuando ni siquiera el Reino Unido ha demandado aún a la Unión Europea la aplicación del artículo 50, con la que comenzaría el proceso de desconexión, proceso que puede durar dos años y que es incluso ampliable por el Consejo. Se ignora por tanto en qué términos y con qué acuerdos se va a producir el Brexit. Pero los hechiceros del FMI ya han pronosticado que va a tener un impacto negativo y además la cuantía del mismo.
En la Unión Europea, la mayor amenaza para el crecimiento no radica en el Brexit sino en el empeño de la Comisión y de los países del norte en continuar con la política fiscal restrictiva que condena a la eurozona al estancamiento. Haber abierto procedimiento sancionador a España, uno de los pocos países que en estos momentos presentan tasas de crecimiento aceptables, aun cuando no se le haya sancionado finalmente, es una estupidez y un error que puede tener graves consecuencias en lo económico y en lo político.
La postura de los halcones que exigían mano dura frente a España y Portugal, con el argumento de que las leyes deben cumplirse, se presta a cierta ironía al comprobar que la historia de la Unión Europea está repleta de incumplimientos. Ya en el inicio se hizo una interpretación laxa de los criterios de convergencia, para que todos los países que lo deseasen pudieran incorporarse al euro. Conviene recordar que unos meses antes de la creación de la Unión Monetaria, solo Luxemburgo cumplía todas las condiciones. El requisito de permanecer dos años en el Sistema Monetario Internacional se desnaturalizó al ampliar las bandas de flotación al +- 15%, que era tanto como dejar las divisas en libre flotación, y los criterios fiscales se reinterpretaron para que, por ejemplo, pudiera entrar Italia cuyo stock de deuda pública sobrepasaba ampliamente el doble de lo marcado por Maastricht.
Desde la creación de la Unión Monetaria, el Pacto de estabilidad y crecimiento (PEC) se ha infringido en más de 150 ocasiones. Francia lo ha hecho 12 veces y Alemania siete. En 2003 se suspendió para no tener que sancionar a ambos países. Y en 2005, Alemania empleó toda su influencia para modificar su contenido de manera que no computasen en el déficit determinadas partidas. Sancionar a España y Portugal lo único que hubiera demostrado, sería el doble rasero establecido en la UE, y que el cumplimiento de las leyes solo se exige a los países periféricos, con lo que la animadversión hacia Europa se hubiese incrementado.
Entre las muchas voces alemanas que han exigido dureza resalta, por la inconsistencia de la argumentación, la de Hans-Werner Sinn, ex director del IFO alemán, que arguye que el PEC constituye la contraprestación para proteger al contribuyente europeo (en realidad, quiere decir al contribuyente alemán) de los rescates, del MEDE y de las medidas del BCE, y continua apuntando que se inclina por importar el sistema de Estados Unidos: “No hay restricciones al endeudamiento, no hay multas, no hay rescates: es el mercado quien castiga. Trasladado a Europa, eso haría innecesario el procedimiento por déficit excesivo”.
Afirmación bastante cínica, pues hay que suponer que no cabe imputarla a la ignorancia. En EE. UU. los estados no necesitan rescates puesto que hay un presupuesto federal que transfiere de forma permanente recursos de los ricos a aquellos con menores rentas. Precisamente el gran problema de la Unión Monetaria radica en la ausencia de un verdadero presupuesto que pueda recibir tal nombre y de un sistema redistributivo similar al que mantiene cualquier nación entre sus regiones (Estados Unidos entre sus estados, Alemania entre sus landes, España entre sus autonomías) que, por poco progresivo que sea, compensa los desequilibrios derivados de la unión comercial, financiera y monetaria. De copiarse en Europa el sistema de EE. UU., tal como propone Hans-Werner Sinn, ciertamente no serían necesarios ni MEDE ni rescates, pero a los contribuyentes alemanes, holandeses, austriacos, etc., les saldría infinitamente más caro que la situación actual, tan gravoso como supuso para los habitantes de la Alemania federal la reunificación alemana.
Alemania incumple algo mucho más importante que el PEC, contraviene el procedimiento de desequilibrios macroeconómicos (PDM) en materia de balanza de pagos, presentando año tras año un colosal superávit. Solo la prepotencia de Alemania y la estulticia de los gobernantes de los países del Sur puede explicar que a la hora de constituir la Unión Monetaria la atención recayese exclusivamente en las finanzas públicas, y no en los saldos globales de las finanzas nacionales. Las variables que habría que controlar no tendrían que ser el déficit y el endeudamiento público, sino el saldo de la balanza por cuenta corriente y el endeudamiento exterior (tanto público como privado). Los desequilibrios exteriores de los diferentes países son los realmente peligrosos porque, al no poder corregirse mediante variaciones en los tipos de cambio, crean problemas insalvables a la Unión Monetaria, como así viene ocurriendo en la realidad.
Nótese que hablo de saldo de la balanza por cuenta corriente y no de déficit, porque superávit y déficit exteriores son correlativos. Si unos países tienen déficit es porque otros tienen superávit, y el ajuste se les debe exigir a ambos. En la Unión Europea se ha aplicado un tratamiento discriminatorio. La presión ha recaído únicamente sobre los países deudores sin que a los acreedores se les exigiese la adopción de medidas para equilibrar sus cuentas exteriores.
España, para nivelar su balanza de pagos y al no poder devaluar, ha tenido que realizar un ajuste durísimo, consistente en un fuerte descenso de los salarios y en múltiples y persistentes recortes del gasto público. Alemania, por el contrario, desde 2008 no ha hecho ningún esfuerzo para controlar el gigantesco superávit por cuenta corriente que mantiene frente al exterior; más bien lo ha incrementado año tras año, hasta el extremo de situarlo en los momentos actuales cercano al 8% del PIB. Las autoridades alemanas siempre han sido reacias a que la Unión Monetaria estableciese cualquier límite al superávit de la balanza por cuenta corriente y cuando no han tenido más remedio que aceptarlo han utilizado su predominio para que este se fijase en un porcentaje muy elevado, 6% del PIB. No obstante, en los últimos años viene incumpliendo este límite sin que se le imponga la sanción prevista del 0,1% del PIB, a pesar de que si en estos momentos algo pone en riesgo la UM es el superávit comercial de Alemania. Es más, es muy posible que este constituya un riesgo para la economía mundial al poder provocar entre los distintos países una guerra de devaluaciones competitivas.
